El carbono como herramienta de conservación para miles de hectáreas forestales en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda.

Sierra Gorda, Querétaro. El pasado domingo 27 de octubre, el gobierno de Querétaro y el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) efectuaron el pago de captura de CO2 a 33 propietarios forestales y a una sociedad comunal para la implementación de acciones encaminadas a la conservación de 6,500 hectáreas de bosques y selvas en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, uno de los macizos boscosos mejor conservados del centro del país, que funge como pulmón de Querétaro.

Esto como parte de una política pública a nivel subnacional, denominada “Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono”, que tomó como referencia al producto Carbono Biodiverso, desarrollado por GESG en 2011. A través de este esquema, se apoya a propietarios forestales serranos que tradicionalmente habían usado sus tierras como agostaderos durante años, para que reorienten la vocación de los terrenos hacia la recuperación de los bosques de roble, propios de esta área natural protegida que abarca el 32% del total de superficie del estado de Querétaro.

El modelo de Carbono Biodiverso sirvió como referencia para que en 2021 el gobierno del estado creara el “Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono”, como parte de la aplicación de un impuesto para las empresas que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera durante sus operaciones. La implementación se llevó a cabo durante la administración del gobernador Mauricio Kuri, como una forma de combatir el cambio climático.

De acuerdo con el subsecretario del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, Ricardo Torres, este impuesto establece que las empresas que generan emisiones directas de CO2 a la atmósfera deben pagar 5.6 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera, lo que equivale a 637 pesos por tonelada emitida.

Dado que se trata de un impuesto no recaudatorio, éste se puede cubrir con pagos para la absorción de CO2 directamente en los bosques o a través de proyectos para la reducción de emisiones. “Por cada tonelada certificada que se pague, se reduce la base gravable del impuesto, por lo que evita cubrirlo y mejor pagar el recurso a los propietarios de los bosques que se aseguran de que éstos absorban esas toneladas de CO2”, explicó Torres.

Para calcular el impuesto, las empresas deben realizar un inventario de emisiones y con base en ello se determina cuántas toneladas de dióxido de carbono emitieron a la atmósfera. Una vez estimada esa cifra, las empresas pueden optar por la compensación a través del programa de Carbono Biodiverso, que diseñó e implementa desde hace más de una década el GESG, fundado y dirigido por “Pati” Ruiz Corzo.

Al respecto Ruiz Corzo comentó que “el Sello Querétaro vino a dar valor a ese capital natural y se está regenerando nuestro estado, eso es motivo de mucho orgullo, porque no solo es flora, sino todos los cerezos que se vuelven a congregar y se forma el tapiz de vida de la naturaleza. A través del Sello se recarga el acuífero, se captura carbono, se cuida el hábitat para la flora y la fauna y la gente tiene empleo, porque ahora los propietarios de las tierras son guardaparques”.

Por muchos años, las comunidades residentes de la Sierra Gorda utilizaron el antiguo bosque como terrenos dedicados a la ganadería extensiva, lo que provocó su degradación y pérdida de potencial para absorber carbono, mermando así su contribución a la mitigación del cambio climático. Se estima que entre 2002 y 2018 el país perdió más de 500,000 hectáreas de bosque primario.

La forma en la que el programa Carbono Biodiverso ha dado un giro de tuerca en la conservación de la Sierra Gorda es la siguiente: a través del modelo se captan recursos económicos de empresas privadas interesadas en reducir su huella de carbono, luego éstos son transferidos a los propietarios serranos para que saquen al ganado, eviten la tala e incendios en las tierras boscosas. Esto es, que velen por la integridad de los bosques.

De esta forma se ha beneficiado a más de 80 propietarios cuyas tierras abarcan una superficie de 20,000 hectáreas de bosques templados y nublados de la Sierra Gorda de Querétaro. De acuerdo con Ruiz Corzo, para finales de este año serán 287 los beneficiarios en distintas comunidades del área natural protegida.

La fundadora del GESG apuntó que en todo momento tanto ellos como las empresas y el gobierno del estado de Querétaro tienen control, trazabilidad y transparencia de los recursos económicos que son dispersados entre las comunidades para que las empresas que deciden compensar el impuesto a través del Sello estén al tanto del destino de los recursos.

Esto ha generado la confianza para que empresas establecidas en el Estado de Querétaro y, por ende, sujetas al impuesto, mitiguen sus emisiones a través del “Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono” para apegarse a la política pública que ahora es una realidad en ese estado.

El subsecretario Ricardo Torres detalló que 8% de las empresas presentes en la entidad generan emisiones directas de CO2 a la atmósfera, que son las que estarían gravadas por el impuesto verde que aplicó el actual gobierno de la entidad, por lo que todavía hay un amplio margen de crecimiento para el programa de Carbono Biodiverso.

“La demanda de reducción de emisiones derivada de nuestros inventarios de emisiones es como de 600,000 toneladas. Al día de hoy, GESG ha certificado superficies que pueden ofrecer anualmente alrededor de 70,000 toneladas. Estamos incrementando la estrategia y el próximo año podríamos llegar a las 100,000 toneladas, que representan alrededor de un 20% de los requerimientos; el resto de las reducciones se proporcionan a través de otros proyectos, no necesariamente forestales”, detalló el subsecretario Ricardo Torres.