de Roberto Pedraza Ruiz
Entre los países que se encuentran como potencias en cuanto a la degradación y destrucción de bosques y selvas, México ocupa el poco honroso segundo sitio en América Latina con 370,000 a 1,500,000 hectáreas deforestadas anualmente, en un proceso sin cuartel del que aún no pagamos la factura. Esto forzosamente repercute no sólo en la pérdida de especies y biodiversidad, sino en la disminución de la capacidad, calidad y cantidad de los servicios ambientales (captura y almacenaje de bióxido de carbono, infiltración de lluvia a los mantos freáticos, retención y formación de suelos, productos forestales, etc.), que los bosques remanentes prestan, en un país que como México se caracteriza por la escasez de agua, una creciente población que requiere de servicios y en el que al menos el 50% de la superficie forestal original ha desaparecido o se ha deteriorado de tal manera que ha perdido su papel ecológico original (Toledo, 1989; Masera 1996).
Estos datos reflejan de manera somera una fracción de la compleja problemática ambiental que enfrenta nuestro país, en el que al final de cuentas la sociedad en su conjunto sufrirá las consecuencias de ello, de no tomarse medidas inmediatas que frenen esta tendencia y todo lo que conlleva. Teniendo esto como antecedente, sin duda resulta prioritaria la protección de los ecosistemas restantes, que entre otras estrategias se está buscando a través del establecimiento y manejo de áreas naturales protegidas por parte del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT, que a la fecha administra un total de 150 áreas protegidas de diferentes categorías que cubren un total de 17, 856,227 hectáreas, entre las que se encuentran 34 reservas de la biosfera. Esta es la categoría más alta dentro de la jerarquía que maneja la CONANP.
En el caso de Querétaro, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda fue creada por decreto presidencial el 19 de mayo de 1997, con el fin de proteger la excepcional riqueza de especies y ecosistemas que en ella existen, se encuentra bajo manejo de la CONANP y cuenta con una extensión de 383 567 hectáreas, lo que representa el 32.02% del territorio estatal. Cuenta con 11 zonas núcleo que abarcan una extensión de 24 803 has., y una zona de amortiguamiento con una superficie de 358 764 hectáreas. La componen los municipios de Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, así como el 88.03% de Pinal de Amoles y el 69.7% del municipio de Peñamiller. Por su diversidad biológica sin duda se trata del sector más rico, conservado y diverso del estado de Querétaro.
De todas las áreas naturales protegidas en México, la RBSG ocupa el primer lugar en cuanto a ecodiversidad se refiere, lo que se debe a su posición geográfica en la confluencia de las bioregiones neártica y neotropical, y al hecho de que presenta una gran complejidad fisiográfica, con una diversidad de alturas que van desde los 300 msnm en el Cañón del Río Santa María en el municipio de Jalpan de Serra hasta los 3160 msnm que alcanza el Cerro de la Pingüica en el municipio de Pinal de Amoles. Esto, aunado a una heterogénea precipitación que varía de 350 mm como mínima a 2000 mm como máxima, propicia numerosas variaciones climáticas que han favorecido el establecimiento de una notable diversidad de tipos de vegetación, asociados a algunas poblaciones frágiles de vida silvestre.
Sus valores bióticos permitieron que en el 2003 la misma fuera aceptada en la Red Internacional de Reservas de la Biosfera del programa El Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO, convirtiéndose así en la treceava reserva mexicana en ingresar a dicha red. Sin duda esto debe ser motivo de orgullo para todos los queretanos, ya que se trata de un patrimonio común del que somos responsables. El contar con un sistema de áreas naturales protegidas a nivel nacional administrado por el gobierno federal es una inversión segura a futuro, tratándose de una estrategia seria y completa, en la que en muchas de las áreas protegidas interactúan diferentes organizaciones y sectores de la sociedad civil con las autoridades buscando de manera conjunta su conservación, que merece respeto y la cooperación de la sociedad en su conjunto para proteger los últimos santuarios naturales del país en beneficio de todos los mexicanos.